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Costa Rica es un país con un uso intensivo de la electricidad. Un desarrollo eléctrico significativo de unos 2,000 MW de capacidad instalada a base de energía renovable, una excelente cobertura eléctrica que hoy abarca al 98 por ciento de las familias a lo ancho y largo del territorio, un desarrollo institucional consolidado que brinda seguridad en la operación del sistema; son condiciones que hacen de este país un centro de atención en los mercados internacionales.

Sin embargo, la operación óptima de cualquier sistema eléctrico requiere de oportunas decisiones técnicas y económicas para garantizar la operación confiable del sistema, esto significa que los usuarios, quienes son los que pagan por el servicio, tienen el derecho de recibir la atención en forma oportuna, de excelente calidad, y en una forma costo-eficiente.

A semanas de elegir un nuevo gobierno y una nueva Asamblea Legislativa, los futuros responsables de la nueva administración política debieran reconocer públicamente que unos de los principales medios para mantener y estimular nuestro desarrollo social y económico, descansa en un servicio óptimo a los usuarios actuales y confiable para los futuros clientes de las empresas eléctricas.

Con un crecimiento anual en la demanda de electricidad del  5%, Costa Rica debe agregar al sistema unos 100 MW cada año; esto significa emprender inversiones anuales cercanas a los US$150 millones sólo para construir los costos de las nuevas plantas de generación, cómo se movilizarán esos recursos?, cuál es el balance entre la inversión privada y la inversión pública?, tendrán los futuros administradores políticos claro el nivel del reto que les presenta el sector eléctrico dada su complejidad técnica y financiera en la estructuración de este tipo de negocios?

El petróleo barato ya no existe y se mantendrá arriba de los US$50 por cada barril. Las proyecciones internacionales de los mercados bursátiles pronostican otro aumento en el segundo semestre del 2006 que sobrepasará los US$60, las economías de los países asiáticos mantienen un crecimiento sostenido, y el resto de los sistemas eléctricos centroamericanos crecerá también en niveles alrededor del 5%.

Estas circunstancias externas requieren, con grado de urgencia y de emergencia, planteamientos políticos claros de los futuros actores políticos para evitar cortes eléctricos, atender las necesidades de 50,000 viviendas que aún no tienen acceso a la red pública, ofrecer servicio oportuno a la inversión internacional, y mitigar los impactos ambientales asociados a la construcción y operación de las plantas de generación.

Reduzcamos nuestra vulnerabilidad energética, emprendiendo acciones que incluyan el aprovechamiento de nuestros recursos energéticos renovables, la participación del sector privado en el mercado de la generación eléctrica, la diversificación de nuestras exportaciones incorporando la venta de electricidad al mercado centroamericano, y mejorar la competitividad en la producción de bienes y servicios con un manejo en el uso final de la electricidad.

El grupo de acción de acción política que tenga claro este panorama, no sólo adelanta filas de cara a su futuro gobierno y el papel de sus diputados en la futura composición de la Asamblea, sino que posiciona al país en una situación muy competitiva en el contexto regional para atraer inversiones y brindar a los costarricenses una mejor calidad de vida.

Ing. José María Blanco

La política de desarrollo de la energía a partir del viento debe ser motivo de orgullo en vista de que tenemos la mayor capacidad instalada per-cápita en América Latina y el Caribe.

Sin embargo, ¿qué estrategias debemos promover con el fin de impulsar una política pública más decidida en relación a un mayor aprovechamiento de ese potencial comercial?, ¿debe Costa Rica fortalecer alianzas estratégicas entre el sector público y la inversión privada para desarrollar los recursos energéticos renovables?

Hace unos años un estudio de mercado coordinado por la Oficina Regional de Biomass Users Network (BUN-CA) logró comprobar que en el Istmo existen interesantes oportunidades comerciales para utilizar la fuerza del viento en la generación de electricidad.

Por ejemplo, el estudio mostró que en ese momento (2002) en la región existía un potencial aprovechable de unos 550 megavatios (MW) equivalente a un poco más de 10 veces de la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la Cordillera de Tilarán.

No obstante, la abundante evidencia –teórica y comercial- que confirma los beneficios económico-ambientales del recurso eólico, todavía es necesario dinamizar este tipo de inversiones energéticas.

Además, en este momento existe la oportunidad de aumentar los rendimientos financieros de los proyectos de energía renovable si se monetizan los certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO₂₎ en el marco del Protocolo de Kyoto.

Las respuestas son muchas y variadas, pero la discusión siempre es provocativa. Tal vez ha llegado el momento de considerar un nuevo paradigma energético que permita “soltarle las amarras” a las empresas públicas de Costa Rica para que puedan competir en los mercados eléctricos centroamericanos.

En primera instancia una estrategia de ese tipo podría asegurarnos la cantidad y calidad de energía que requiere nuestro desarrollo económico y socia, incluso ofrecería una oportunidad de llevar a cabo un negocio no-tradicional gracias a la exportación al resto de Centroamérica.

La energía del viento -al igual que las otras tecnologías como la hidroelectricidad, la geotérmica, los residuos agroindustriales (biomasa) o las fuentes solares- representa una extraordinaria opción para llevar a cabo formas sustentables de desarrollo y suplir la demanda eléctrica de las industrias, el comercio y; en un plazo mediano, el transporte convencional.

Para lograr esas metas se debe establecer un marco regulatorio claro para atraer la inversión y ofrecer a los mercados internacionales una legislación moderna que fortalezca las oportunidades para que las empresas públicas concreten alianzas estratégicas con desarrolladores privados.

Además, si las contabilidades de esas empresas lo permiten se puedan endeudar bajo procedimientos expeditos de aprobación y control estatal. Nuevos vientos de cambio en el sector eléctrico aparecerían con políticas fiscales promocionales para convertir a la energía en un medio para el desarrollo sustentable, con posibilidades de exportación, no sólo de la deseada energía, sino también de los servicios de ingeniería asociados a este tipo de negocios.

Ing. José María Blanco